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El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 30 de enero de 2025, en Washington. (AP)
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Horas después de que el presidente Donald Trump tomó su segundo mandato, firmó una orden ejecutiva que describe su compromiso con la Primera Enmienda y el derecho que, según él, otorga a las personas a "hablar libremente en la plaza pública sin interferencia del gobierno".
"La censura gubernamental de la expresión es intolerable en una sociedad libre", decía su orden.
Durante los 100 días siguientes, su administración actuó repetidamente contra personas y organizaciones que ejercían su derecho a la libertad de expresión.
Trump firma una orden ejecutiva el Día de la Inauguración titulada "Restaurar la libertad de expresión y poner fin a la censura federal" en el Capital One Arena de Washington, D.C., el 20 de enero de 2025.
Agentes de inmigración arrestaron el 8 de marzo a Mahmoud Khalil, un residente permanente legal y figura prominente en las protestas de la Universidad de Columbia contra la guerra entre Israel y Hamás cuando era estudiante de posgrado. La administración Trump dijo en documentos judiciales que la "presencia o actividades de Khalil en Estados Unidos tendrían consecuencias potencialmente adversas graves para la política exterior de Estados Unidos."
Khalil no ha sido acusado de ningún delito y permanece bajo custodia del gobierno.
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El 25 de marzo, agentes de inmigración detuvieron a la estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, Rumeysa Ozturk. Al revocar el visado de la turca, el Departamento de Estado citó un artículo de opinión de 2024 del que ella era coautora en el periódico estudiantil; en el criticaba la respuesta de la universidad a la guerra entre Israel y Hamás. Un memorando del gobierno decía que sus "asociaciones" indicaban "apoyo a una organización designada terrorista".
El gobierno bajo la dirección de Trump afirmó un nuevo control sobre el acceso de la prensa a la Casa Blanca, alentó a los funcionarios federales a investigar a CBS por su cobertura y atacó a otros medios. Trump firmó varias órdenes ejecutivas dirigidas a bufetes de abogados que se encargaban de casos contrarios a Trump o que empleaban a personas que atraían la ira de Trump.
Trump amenazó la financiación federal de escuelas K-12, universidades y beneficiarios de subvenciones y contratos federales por sus posiciones políticas sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés), cuestiones LGBTQ+ y protestas por la guerra entre Israel y Hamás.
Su administración editó las páginas web del gobierno federal para limpiarlas de cierto lenguaje; ordenó al vicepresidente JD Vance que tratara de eliminar la "ideología impropia" de los museos de la Institución Smithsonian; y retiró libros de las bibliotecas militares. Según una investigación de The New York Times, la administración suprimió cientos de palabras y frases de documentos y sitios web, como diversidad, racismo, identidad de género, ciencia del clima y minoría hispana.
Académicos y expertos han criticado la actuación de la administración, incluyendo algunos miembros de la derecha política que, de lo contrario, defienden su liderazgo.
"No hay casi nadie a quien no quiera deportar", escribió en X la comentarista conservadora Ann Coulter tras la detención de Khalil. "Pero, a menos que hayan cometido un delito, ¿no es esto una violación de la primera enmienda?".
Ilya Somin, libertario y profesor de Derecho de la Universidad George Mason, escribió que siente "poca simpatía por las recientes protestas anti-israelíes en los campus". Sin embargo, "deportar a personas por participar en discursos anti-israelíes, pro-terroristas o pro-Hamás es tanto inconstitucional como injusto", escribió Somin. "También corre el riesgo de crear una peligrosa pendiente resbaladiza".
La Primera Enmienda dice: "El Congreso no aprobará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que coarte la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios".
Dieciocho académicos, incluidos liberales y conservadores, escribieron en una declaración en marzo que "la Primera Enmienda protege el discurso que muchos de nosotros consideramos erróneo o profundamente ofensivo".
La profesora de la Facultad de Derecho George Washington Mary Anne Franks, experta en la Primera Enmienda, dijo que Trump ha demostrado que está dispuesto a usar el poder gubernamental para perseguir a los críticos.
"Está librando un asalto total contra la libertad de expresión, usando el poder del gobierno para tratar de dictar lo que los estadounidenses pueden decir, pensar, escribir, estudiar y creer", dijo Franks. "No hay ningún derecho de la Primera Enmienda más importante que el derecho a criticar al gobierno – sin el, no puede haber verdadera libertad de expresión ni democracia".
La complicada historia de Trump con la libertad de expresión
Entender el enfoque del segundo mandato de Trump sobre la libertad de expresión significa entender cómo ha descrito históricamente la censura.
Después de que los partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, Twitter, ahora X, suspendió a Trump, diciendo que su cuenta incitaba a la violencia. Facebook, cuyo propietario es ahora Meta, tomó medidas similares, diciendo que la cuenta de Trump infringía sus normas.
Un año después, Trump lanzó su propia aplicación para redes sociales, Truth Social. "No silenciaremos a nuestros conciudadanos simplemente porque puedan estar equivocados", dijo Trump al anunciar la plataforma.
Preguntamos a la Casa Blanca cómo define Trump la libertad de expresión y cómo cuadran sus recientes acciones con sus declaraciones de apoyo a la libertad de expresión. La portavoz Anna Kelly dijo que Trump está "liderando la administración más transparente de la historia".
"Él acepta regularmente preguntas de los medios de comunicación, se comunica directamente con el público y firmó una orden ejecutiva para proteger la libertad de expresión en su primer día en el cargo", Kelly dijo.
Cuando Time magazine preguntó a Trump el 22 de abril por qué su administración está deportando a "cientos de personas por participar en discursos que no le gustan" después de que "castigara los esfuerzos para suprimir" la libertad de expresión, él se refirió al "tremendo antisemitismo."
"Estoy de acuerdo con la libertad de expresión, pero no con los disturbios en todas las universidades de Estados Unidos", él dijo. "Hay un tremendo antisemitismo en este país".
La orden ejecutiva de Trump del primer día, "Restablecer la Libertad de Expresión y terminar la Censura Federal", hacía alusión a las acusaciones del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y de otros de que la administración Biden había presionado a las plataformas de medios sociales para que eliminaran determinados contenidos durante la pandemia de COVID-19.
La orden decía que "ningún recurso de los contribuyentes de impuestos" se utilizaría para "coartar inconstitucionalmente la libertad de expresión de ningún ciudadano estadounidense", y describía los esfuerzos de la administración Biden como censura de la expresión "bajo el pretexto de combatir la 'desinformación' y la 'malinformación'".
Unas dos semanas antes de la toma de posesión de Trump, Zuckerberg anunció que Meta pondría fin a su programa de verificación de hechos por terceros en Estados Unidos, una asociación que permitía a los periodistas, incluido PolitiFact, verificar declaraciones falsas y engaños en las plataformas de Meta. Cuando un periodista preguntó a Trump si creía que la decisión de Meta respondía a las amenazas de Trump contra Zuckerberg, Trump respondió: "Probablemente".
Desde que asumió el cargo, Trump ha dicho en repetidas ocasiones que ha protegido la libertad de expresión. En su discurso del 4 de marzo ante el Congreso, dijo que "puso fin a toda censura gubernamental y recuperó la libertad de expresión en Estados Unidos."
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, y Vance escuchan mientras Trump se dirige a una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio en Washington, D.C., el 4 de marzo. (AP)
John R. Vile, politólogo de Middle Tennessee State University y experto en la Primera Enmienda, dijo que los esfuerzos del presidente para "erradicar 'wokeness'" cuentan una historia diferente.
"Trump simplemente ha sustituido un tipo de discurso preferido por otro", dijo.
Los objetivos de Trump incluyen medios de comunicación, bufetes de abogados y universidades
Es difícil reducir la lista de grupos y personas a los que Trump ha señalado por oponerse a su discurso o a sus posiciones políticas, pero destacan sus acciones relacionadas con los medios de comunicación, los bufetes de abogados y las universidades.
El 11 de febrero, funcionarios de la administración Trump prohibieron a los periodistas de The Associated Press asistir a los eventos de la Casa Blanca, notificando a la organización de noticias de 179 años que no se le concedería acceso hasta que siguiera la orden ejecutiva de Trump de referirse al Golfo de México como el "Golfo de América."
AP presentó una demanda y un juez federal falló a su favor: "La exclusión de AP ha sido contraria a la Primera Enmienda" y ordenó al gobierno que dejara de "continuar por ese camino ilegal".
Los medios de comunicación siguen bajo presión.
Trump ha descrito como "ilegales" a varios de los principales medios de comunicación, y ha calificado a CNN y a MSNBC como brazos políticos del partido demócrata, prediciendo que se "apagaran"."
Pidió a Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), que impusiera las "multas y castigos máximos" a CBS por los reportajes sobre Ucrania y Groenlandia, y dijo que la cadena debería perder su licencia de emisión. Carr ya estaba investigando una denuncia de "distorsión informativa" contra CBS por la edición que hizo la cadena de una entrevista previa a las elecciones con la entonces vicepresidenta Kamala Harris.
Carr anunció en febrero que la FCC abrió una investigación contra Comcast y NBC Universal al escribir que "pueden estar promoviendo formas injuriosas de DEI". En marzo, inició una investigación similar contra ABC y su empresa matriz, Disney.
Los bufetes de abogados también están bajo el escrutinio del gobierno y la amenaza de sanciones. Trump emitió órdenes ejecutivas contra cinco bufetes; un ejemplo fue WilmerHale, que empleó a Robert Mueller antes y después de que fuera abogado especial en la investigación sobre la influencia y desinformación rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
En respuesta, varios bufetes de abogados firmaron acuerdos con la administración Trump, incluido el acuerdo de proporcionar $100 millones o más de trabajo pro bono; otros están desafiando la constitucionalidad de las órdenes en cortes.
La orden de Trump "viola derechos constitucionales fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y al debido proceso", escribió el bufete de abogados Perkins Coie al demandar a la administración. Trump había atacado a la firma, que representó a la ex contrincante política de Trump, Hillary Clinton, durante su campaña de 2016. "En el corazón de la orden hay un ataque ilegal a la libertad de todos los estadounidenses de seleccionar al abogado de su elección sin temor a represalias o castigos por parte del gobierno".
Además de detener a Ozturk y Khalil, la administración ha intentado revocar el estatus legal de otros estudiantes manifestantes, incluidos los visados y los residentes permanentes legales. "No vamos a importar activistas a Estados Unidos", dijo el Secretario de Estado Marco Rubio el 28 de marzo. "Están aquí para ir a clase. No están aquí para liderar movimientos activistas que son disruptivos y socavan nuestras universidades."
La administración retuvo miles de millones de dólares a las universidades por las políticas de diversidad y acusaciones de antisemitismo. La respuesta de la Universidad de Columbia incluyó aceptar adoptar una definición formal de antisemitismo y contratar una fuerza policial especial para expulsar a personas del campus. La Universidad de Harvard, por su parte, calificó de "ilegal" las medidas de la administración y se negó a cumplir sus condiciones, que incluían cambiar las políticas de contratación y disciplina estudiantil y suspender las políticas de DEI.
Harvard demandó a la administración por la congelación de fondos.
"La congelación y la amenaza inminente de nuevos recortes de financiación enfriarán el ejercicio por parte de Harvard de sus derechos en virtud de la Primera Enmienda", dice la demanda de Harvard. "Harvard será incapaz de tomar decisiones ... sin temor a que esas decisiones entren en conflicto con las opiniones de los censores del gobierno sobre los niveles aceptables de diversidad ideológica o de puntos de vista en el campus".
Los expertos dicen que las personas, instituciones y medios de comunicación están recibiendo el mensaje de que si el presidente percibe que sus palabras, acciones o creencias son críticas de su liderazgo o su plataforma, pueden convertirse en objetivos.
"El presidente Trump ciertamente no ha traído de vuelta la libertad de expresión en Estados Unidos", dijo Nico Perrino, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, una organización que defiende la libertad de expresión para personas y grupos de ambos lados del espectro político.
"De hecho, desde el día de la toma de posesión, hemos visto algunas de las amenazas más significativas a la libertad de expresión en memoria reciente", Perrino dijo.
Los jueces han dictaminado que la administración Trump violó la libertad de expresión
Al menos siete jueces nombrados tanto por presidentes demócratas y republicanos han dicho que las acciones de la administración han violado o coartado la libertad de expresión.
Cuando el juez de distrito Trevor McFadden falló a favor de AP, él escribió: "La corte simplemente sostiene que, bajo la Primera Enmienda, si el gobierno abre sus puertas a algunos periodistas — ya sea la Oficina Oval, a la Sala Este o a cualquier otro lugar — no puede luego cerrar esas puertas a otros periodistas debido a sus puntos de vista. La Constitución no exige menos".
Otra sentencia se refería a la orden ejecutiva de la administración de Trump dirigida al bufete de abogados Susman Godfrey LLP. El bufete representó al fabricante de máquinas de votación Dominion en su demanda por difamación contra Fox News, que promovió afirmaciones falsas sobre el papel de Dominion en las elecciones de 2020. La jueza de distrito Loren AliKhan dijo que la orden de Trump estaba "basada en una venganza personal" y en un "escandaloso abuso de poder', y que parecía violar las protecciones a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda.
Otros jueces federales también se pronunciaron sobre casos de la Primera Enmienda; muchos casos siguen en curso y algunas sentencias estaban en las etapas preliminares. Se referían a bufetes de abogados atacados por Trump, o a medidas de la administración de Trump relacionadas con la DEI, las escuelas o las personas transgénero en el ejército, entre ellas:
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Una orden ejecutiva dirigida a WilmerHale, que un juez llamó "medida de represalia" que "amedrenta la expresión y la defensa legal".
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Dos decretos ejecutivos anti-DEI. Un juez dictaminó que las medidas de la administración constituían una "restricción basada en el contenido de los derechos de expresión de los contratistas y concesionarios federales."
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La orden ejecutiva dirigida a Perkins Coie que el juez calificó de "represalia y choca frontalmente con el papel de la protección de la Primera Enmienda".
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Una orden ejecutiva dirigida al bufete Jenner & Block, que una vez empleó a un abogado que había trabajado con el abogado especial Robert Mueller para investigar la campaña de Trump en 2016. El juez dijo que las directivas del gobierno eran probablemente inconstitucionales porque tomaban represalias contra la expresión protegida.
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Una carta del Departamento de Educación que amenazaba con recortar la financiación de las escuelas por sus prácticas de DEI. El juez escribió que una carta "apunta al discurso basado en el punto de vista".
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La prohibición de que las personas transgénero sirvan en el ejército, el juez escribió "implica una restricción basada en el punto de vista sobre la libertad de expresión y el discurso de los militares transgénero".
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Un memorándum del gobierno sobre la pausa en la concesión de fondos a organizaciones sin ánimo de lucro. En su fallo, la jueza escribió que "al parecer dirigirse a destinatarios específicos porque se asocian con determinadas ideas, los demandados pueden estar cruzando una línea constitucional".
Cientos de personas se reúnen en Somerville, Massachusetts, el 26 de marzo para exigir la liberación de Rumeysa Ozturk, estudiante turca de la Universidad de Tufts, detenida por agentes federales. (AP)
Cuando se le presiona sobre la libertad de expresión en situaciones concretas, la administración gira hacia otras explicaciones. Por ejemplo, en respuesta a las preguntas sobre la retirada de AP de los eventos de prensa, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el 12 de febrero: "Nadie tiene derecho a entrar a la Oficina Oval y hacer preguntas al presidente de Estados Unidos. Es una invitación que se hace".
Del mismo modo, la Secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que la congelación de la financiación de las universidades tenía que ver con la protección contra las "violaciones de los derechos civiles" a causa del antisemitismo. "Permítanme ser clara", dijo McMahon el 15 de abril en Newsmax, "no estamos hablando de los derechos de la Primera Enmienda en absoluto".
Y aunque Trump ha señalado el antisemitismo como una razón para apuntar a las universidades y los estudiantes, algunos grupos judíos han denunciado ese razonamiento, describiendo lo que llamaron "la falsa elección entre enfrentar el antisemitismo y defender la democracia."
El profesor de derecho de la facultad de derecho de Seton Hall Thomas Healy calificó el planteamiento de la administración como una "amenaza existencial para la libertad de expresión y nuestro sistema democrático".
"La libertad de expresión protege los intereses de los oyentes tanto como los de los oradores", Healy dijo. "Si el presidente puede castigar a cualquiera que le critique o con el que no esté de acuerdo, todos sufriremos porque todos tendrán miedo de decir lo que realmente piensa por temor a ser el siguiente castigado".
Caryn Baird, investigadora de PolitiFact, contribuyó a este artículo.
Nota del editor: PolitiFact tradujo esta historia del inglés al español usando un servicio de traducción automática. Los periodistas de PolitiFact con fluidez en ambos idiomas editaron la traducción para mayor claridad y precisión.
Nuestras fuentes
Fuentes incluidas en la nota en inglés.